Las medidas cautelares también se extienden a seis mujeres buscadoras, ya que la CIDH considera que todos se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Ecuador".
La Comisión explica que en la solicitud de medidas cautelares, presentada en abril por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se señala que las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados durante 2024, "sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre el paradero de ellas, pese a las decisiones judiciales y denuncias interpuestas".
Asimismo, indica que las buscadoras han señalado que "estarían siendo objeto de amenazas y actos de intimidación por sus labores".
El Estado señaló a la Comisión que los casos se están investigando en la Fiscalía por el delito de desaparición forzada.
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La CIDH señala que los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos debe materializarse en "un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables".
Además, solicita que se facilite la entrega inmediata de "toda la información disponible que permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo, pero no limitándose, a toda aquella requerida por las decisiones judiciales internas y de las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas".
Asimismo, ordena que se adopten las medidas necesarias y con enfoque de género para proteger la vida e integridad de las seis buscadoras, que han sido identificadas como Lorena Roca, Wendy Álvarez, la esposa de Jonathan Villón, Mercí García, Mayra Álvarez, y Jeniffer Pillajo.
El Estado ecuatoriano debe informar sobre las medidas adoptadas "a fin de investigar con la debida diligencia" los hechos denunciados y "así evitar su repetición", detalla la CIDH, que le ordenó que el reporte debe ser en un plazo de 15 días.
Con la declaratoria de "conflicto armado interno", las Fuerzas Armadas salieron a las calles para realizar operativos con el objetivo de bajar los altos niveles de violencia criminal que se registraron en 2023 e inicios de 2024.
Sin embargo, organizaciones como el CDH y Amnistía Internacional han denunciado al menos 33 desapariciones forzadas cometidas presuntamente por militares, entre ellas las de cuatro niños afrodescendientes de Guayaquil, un caso por el que 16 soldados fueron condenados recientemente a penas de cárcel de entre 30 meses y 34 años.