En una lista de deseos para 2026, compartida en su cuenta de X, JEP también incluyó el "cese inmediato de la persecución y criminalización de quienes protestan pacíficamente, para que expresar una idea no sea un riesgo mortal".
Asimismo, pidió justicia y reparación integral para las familias de quienes fueron "asesinados por la represión y víctimas de prisión política, para que su memoria sea honrada y su dolor reconocido".
También deseó "condiciones dignas" de detención y acceso a la salud, así como de alimentación y comunicación de los arrestados con sus seres queridos.
En su lista de peticiones, incluyó además la protección efectiva "frente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el fin de toda forma de violencia institucional".
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"Seguridad y apoyo para defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de víctimas, quienes acompañan, documentan y exigen justicia sin ser amenazados", figura en su listado de deseos.
Además, pidió memoria y reconocimiento para quienes "fueron asesinados por persecución política, y violencia policial, para que no queden en el olvido ni en la impunidad".
"Un país donde la justicia, la libertad y la dignidad sean derechos garantizados para todos, y no privilegios de unos pocos", concluyó JEP.
Venezuela vive una crisis política tras las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado que la oposición que lidera María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denuncian como fraudulento.
Tras la denuncia opositora, se desataron protestas contra el resultado que dio la victoria a Maduro y, en este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría ya excarceladas-, según la Fiscalía, que los acusó de terrorismo, aunque varias ONG y partidos opositores defienden a los arrestados como inocentes y consideran que son presos políticos.
JEP contabiliza en Venezuela 1.041 presos políticos -877 hombres y 164 mujeres-, aunque advierte que la cifra "probablemente sea superior", mientras que la ONG Foro Penal los cifra en 902, de los cuales 782 son hombres y 120 mujeres.
Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro afirma que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".