Un decreto, firmado por el presidente y publicado este lunes en el Boletín Oficial, aprobó el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, suscripto el 15 de diciembre de 2025 por el Estado nacional, el Gobierno de la provincia de Catamarca -donde se ubica el yacimiento- y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y dispuso el cese de la participación del Estado nacional en la gestión y funcionamiento de YMAD.
El Ejecutivo justificó la medida al señalar que “conservar esta facultad resulta incompatible con los objetivos de reducción del déficit fiscal de la actual Administración, toda vez que mantiene vigente la posibilidad de transferencias de recursos públicos a una entidad en la cual ya no resulta justificada la intervención del Estado Nacional”, según el texto oficial.
YMAD quedó conformada por la provincia de Catamarca, que conservará un 60 % de la empresa, y por la UNT, con un 40 %, y se habilitó la posibilidad de que ambas partes puedan acordar, en el futuro, su retiro del ente o la incorporación de nuevos integrantes mediante la transferencia total o parcial de sus participaciones.
El decreto también modificó la integración del directorio: El presidente y dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, mientras que los otros dos vocales quedarán a cargo de la universidad, eliminándose la facultad que hasta ahora tenía el Poder Ejecutivo Nacional de nombrar al titular del organismo.
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Se redefinió también el marco jurídico de la empresa al establecer que, en sus relaciones con terceros, YMAD se regirá por el derecho privado y se actualizó los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán ajustarse a principios de publicidad y competencia de precios.
La norma será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino, que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto, conforme a los plazos establecidos por la ley.
Desde 1958, YMAD desarrolla en suelo catamarqueño la exploración y explotación de minas, así como la refinación y la comercialización de la producción de minerales.
La retirada estatal de YMAD se suma a otros procesos en desarrollo, impulsados por Milei desde que asumió el poder en diciembre de 2023, que buscan la reducción de participación estatal en las empresas públicas.