La movilización llamada 'Bolivia no se vende', que comenzó el sábado en la localidad de Calamarca, a 58 kilómetros al sur de La Paz, partió esta jornada del barrio Senkata, de El Alto, rumbo a la ciudad sede del Ejecutivo boliviano.
El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Los manifestantes hicieron una parada en el sector de La Ceja, que es el límite entre ambas ciudades, para realizar una concentración que definió "radicalizar" las medidas de presión en caso de que el Ejecutivo insista en mantener el decreto.
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La reunión, presidida por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, determinó iniciar un "bloqueo indefinido de carreteras" en caso de que el Gobierno, en el diálogo previsto para este mediodía, no acepte anular el decreto que quitó el subsidio al combustible que estuvo vigente 20 años, que calificó de "inconstitucional", y redactar uno nuevo.
Los sindicatos también cuestionan esa norma porque, a su juicio, abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno negó.
Los marchistas continuaron su trayecto hasta el centro de La Paz y se apostaron en cercanías de la plaza Murillo, sede del Gobierno, que se mantiene bajo custodia policial desde que los sindicatos iniciaron sus protestas hace dos semanas, con un par de enfrentamientos entre agentes y manifestantes.
En el trayecto, hubo grescas entre manifestantes y comerciantes, transportistas y transeúntes que cuestionaron los motivos de la protesta, además del perjuicio ocasionado por los cortes de la circulación de vehículos.
En su ingreso al diálogo, Argollo cuestionó que el Gobierno había invitado "solamente" a la COB, pero dijo que le sorprendió que también estén otros sectores reunidos en la casa de Gobierno.
"Vamos a escuchar, oiremos qué dicen (los ministros) y, una vez que concluya (el diálogo), daremos nuestra posición", dijo el dirigente.
El diálogo está presidido por los integrantes del gabinete ministerial del presidente Paz, con la participación de representantes de varios sectores sociales.
"Este es un Gobierno que tiene las puertas completamente abiertas al diálogo, para escucharnos y encontrar soluciones (...) vamos a dialogar con toda honestidad y vamos a gobernar con toda responsabilidad", dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Lupo reiteró que "Bolivia no está en venta" porque no es la "filosofía" ni la "propuesta" del Gobierno, tal como sostuvo Paz más temprano en la inauguración del año judicial.
El mandatario pidió a la Justicia que garantice la "paz social" ante aquellos que "no quieren que Bolivia se abra al mundo", además de cuestionar a los dirigentes sindicales por liderar protestas "para atacar" la democracia, las instituciones y la estabilidad.
El retiro del subsidio va acompañado de otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno reiteró que no retrocederá en sus medidas, ya que el decreto consiguió garantizar la provisión de combustibles, que era escasa desde mediados de 2024, y que el valor del dólar en el mercado paralelo se sitúe por debajo de los 10 bolivianos.