"La 27ª enmienda constitucional es el clímax de un ataque concertado y sostenido a la independencia del poder judicial, el derecho a un juicio justo y el estado de derecho en Pakistán", dijo AI.
Según la organización, la enmienda, oficializada por el Presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, el 5 de diciembre de 2025, otorga poderes especiales al jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, y lo blinda con inmunidad vitalicia frente a la justicia.
"La enmienda viola el derecho internacional de los derechos humanos, socavando en particular la independencia del poder judicial, el derecho a un juicio justo, a la justicia y a la rendición de cuentas", añadió Amnistía Internacional.
Además de aumentar el poder del mando del Ejército, la 27ª enmienda también introduce cambios en el sistema judicial, reduciendo el Tribunal Supremo a uno de última instancia únicamente en materia civil y penal y creando un nuevo Tribunal Constitucional Federal que tratará asuntos constitucionales.
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AI instó en su comunicado a las autoridades paquistaníes a "garantizar que sus disposiciones cumplan plenamente con las obligaciones y compromisos de Pakistán en materia de derechos humanos internacionales".
La organización hizo hincapié en el respeto a la separación de poderes y al estado de derecho en Pakistán, una potencia nuclear que a lo largo de su historia se ha enfrentado a numerosas intervenciones militares en la política.
La enmienda de reforma ha sido ampliamente criticada desde su aprobación, tanto por jueces como por actores políticos.
En noviembre, tras su sanción presidencial, dos jueces del Tribunal Supremo de Pakistán dimitieron de sus cargos al considerar la enmienda un "ataque" a la Constitución paquistaní.
En el ámbito político, la oposición más frontal ha sido la de la alianza multipartidista Tehreek-e-Tahaffuz-e-Ayeen-e-Pakistan (TTAP), de la que forma parte el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro Imran Khan, hoy encarcelado.