La organización publicó un vídeo en Facebook que muestra la liberación de Riahi y confirmó la excarcelación de otros tres miembros de la asociación, así como de la vicepresidenta del municipio de Susa (ciudad en el este de Túnez), quien también estaba detenida por firmar una acuerdo entre la ONG y el municipio.
Según Seifalah Benmeftah, portavoz de la defensa, los miembros de la organización, así como varios miembros del consejo municipal, fueron investigados por "facilitar la entrada y residencia ilegal de migrantes" entre otros cargos que Amnistía Internacional consideró "infundados".
La detención de los trabajadores humanitarios en mayo de 2024 coincidió con la intensificación, por parte de las autoridades tunecinas, de una campaña contra la población migrante subsahariana, que siguió al memorando firmado con Europa para contener el flujo migratorio desde las costas del país mediterráneo.
El Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) expresó el pasado domingo su solidaridad con los funcionarios humanitarios y afirmó que su proceso responde a una política destinada a "reprimir a la sociedad civil, intimidar a defensores de derechos humanos y criminalizar la solidaridad".
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Según Amnistía Internacional, las detenciones se enmarcan en la intensificación de la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, en particular contra "aquellas que trabajan en el ámbito de la migración".
Túnez comenzó una transición democrática con la llamada Primavera Árabe en 2011 que, según la ONG, quedó interrumpida cuando el presidente del país, Kais Said, se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.