Tras el anuncio de las excarcelaciones hecho la víspera por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien no precisó las identidades de quiénes serán beneficiados, familiares, activistas y abogados se han desplazado hasta las distintas prisiones tratando de encontrar información.
La ONG Foro Penal, que dirige la defensa de los presos políticos, registraba, al 5 de enero, 806 personas en esta condición, de los cuales 68 se encuentran en paradero desconocido y 9 en arresto domiciliario.
Actualmente, Foro Penal cifra en 811 estos detenidos.
Estas son los principales centros de detención:
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La organización identificó 102 presos políticos en el Internado Judicial Rodeo I, entre ellos el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, así como varios extranjeros detenidos de los 86 que registra la ONG.
En esta prisión, ubicada en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció a mediados de diciembre que las autoridades carcelarias niegan información sobre los presos políticos ahí recluidos, lo que, afirmó, les mantiene en una situación vulnerable.
Asimismo, informó que cinco presos políticos allí encerrados acumulaban en diciembre 49 días en un "régimen de castigo" que les impedía recibir visitas y paquetes enviados por sus familiares, incluyendo alimentos y medicinas.
Según la organización, los detenidos Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y "otra persona identificada como Franco, cuyo apellido aún se desconoce", estaban en condiciones extremas: "esposados las 24 horas del día, desnudos y con acceso limitado a alimentos y agua".
En el Centro Penitenciario de Aragua (norte), conocido como Tocorón y donde nació la banda criminal del Tren de Aragua, el Foro Penal registraba 99 presos políticos.
Esta prisión para delincuentes comunes fue reactivada como "cárcel de máxima seguridad" por orden del presidente Nicolás Maduro en agosto de 2024 para encerrar a los más de 2.400 detenidos -según cifras oficiales- en las protestas posteriores a las presidenciales de julio de ese año.
Maduro afirmó entonces que el objetivo de estas cárceles era "la reeducación" y "convertirlas en granjas productivas" donde los presos "lleguen a trabajar".
Con ese mismo objetivo reactivó el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, donde hay 14 presos políticos.
La tercera prisión con más casos es el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, conocido como Ramo Verde, donde hay 77 reclusos de este tipo.
Ahí fue encerrado el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, que cayó en desgracia y murió en custodia en 2021 tras casi diez años encerrado en esta prisión.
Pese a ser una cárcel militar, allí también estuvo preso el opositor Leopoldo López, entre 2014 y 2017.
En cuarto lugar, El Helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde hay 57 recluidos. La noche del jueves, de allí excarcelaron a los opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri.
Esta prisión, con una estructura diseñada para ser un centro comercial, ha sido llamada por organizaciones como el "centro de tortura más grande de América Latina".
Ubicada en el corazón de Caracas, allí se encuentran los principales dirigentes opositores y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, incluyendo a Freddy Superlano y Jesús Armas.
En esta sede, denuncian las ONG, los detenidos son víctimas de torturas, malos tratos y "aislamiento prolongado".
Los centros penitenciarios Yare II y III, ambos en el estado Miranda (norte), tienen 42 y 38 presos políticos, respectivamente; les sigue el Centro de Formación Hombre Nuevo "El Libertador", también llamado Fénix Carabobo (norte), con 20 detenidos.
Las prisiones para mujeres La Crisálida, con 20 detenidas, y el Instituto Nacional de Orientación Femenina, con 16, ambas en Miranda, cierran las primeras diez posiciones del listado.
Las 110 cárceles restantes son prisiones comunes, comisarías policiales, centros militares y comandos de la Guardia Nacional, entre otros.
Desde 2015, el OVP ha registrado 25 muertes de presos políticos en custodia, la más reciente del exgobernador Alfredo Díaz, ocurrida el pasado 6 de diciembre en El Helicoide.
Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, mientras que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre 8 y 11 personas, incluidos cinco españoles.