"Hay 45 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este)", reportó a los medios el inspector de la Policía Boliviana, Gunter Agudo.
Los bloqueos forman parte de las protestas que la COB inició el pasado 20 de diciembre para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503 que puso fin al subsidio a la gasolina y el diésel, y que consideran "inconsitucional" y "entreguista" de los recursos naturales y empresas estatales a capitales privados.
El decreto, vigente desde el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.
Agudo indicó que los bloqueos "generan un perjuicio para la población que necesita trasladarse", entre ellos menores de edad que están enfermos, por lo que pidió a los manifestantes hacer una pausa en su reclamo.
En la víspera, los dirigentes de la COB y el Gobierno rompieron un nuevo proceso de diálogo que, según las autoridades nacionales iba por buen camino, pero que tropezó con la exigencia de abrogación del decreto que mantuvieron algunos líderes sindicales.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo en la víspera que la apertura del Gobierno fue "total" para aclarar la razón por la que la norma "importante" para Bolivia y que el Ejecutivo va a seguir insistiendo en el diálogo.
Anoche, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, indicó que la protesta "ya se ha vuelto una revolución nacional", por lo que instó a las organizaciones del "pueblo" a sumarse a los reclamos que mantiene el mayor ente sindical del país.
La COB llamó a una reunión de "emergencia" en La Paz para la tarde de este sábado que podría definir nuevas acciones de protesta.
Asimismo, los dirigentes de los maestros urbanos suspendieron esta jornada la huelga de hambre que mantuvieron por varios días en La Paz y anunciaron que ese sector reforzará su presencia en las protestas contra el decreto 5503.
La norma va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno reiteró que no retrocederá en sus medidas, ya que el decreto consiguió garantizar la provisión de combustibles, que era escasa desde mediados de 2024, y que el valor del dólar en el mercado paralelo se sitúe por debajo de los 10 bolivianos.
En la víspera, una sala constitucional rechazó un recurso que presentó un abogado, en el sostuvo que presuntamente el decreto vulnera la Constitución, por lo que la medida instaurada por el Gobierno de Paz sigue vigente.