Las órdenes de desalojo, emitidas por la Autoridad de Ejecución de la Ley y Cobro (brazo del Ministerio de Justicia), se notificaron a todas las familias cuyas solicitudes de apelación fueron rechazadas en el último mes, detalló en un comunicado de la ONG israelí Ir Amim centrada en cómo las políticas israelíes modifican la urbe de Jerusalén.
Las 28 familias viven en el barrio de Batan al Hawa, en Silwan, localizado en el lado oriental de Jerusalén, que permanece ocupado (desde 1967) y anexionado de forma ilegal e unilateral por Israel desde hace más de dos décadas.
Estos fallos se producen en medio de una fuerte escalada de desalojos en el barrio. En noviembre y diciembre, seis familias palestinas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares, que posteriormente fueron ocupados por colonos afiliados a la organización Ateret Cohanim.
Además, un edificio palestino de 13 viviendas fue demolido el pasado 22 de diciembre también en Silwan, según aprobó la Municipalidad de Jerusalén, desplazando de forma forzosa a otros 90 palestinos.
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Silwan se encuentra en las faldas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en una zona aún de mayoría palestina pero muy codiciada por colonos israelíes por su proximidad, entre otros lugares, al Muro de las Lamentaciones.
Decenas de familias palestinas afrontan procesos judiciales similares en un intento de preservar sus viviendas, enfrentándose a una ley israelí que otorga a judíos el derecho en exclusiva de reclamar propiedades anteriores a 1948 (año de la creación del Estado hebreo), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.
Estas políticas violan el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) -concretamente su Artículo 49, que establece que una potencia ocupante no puede expulsar a los habitantes de un territorio ocupado ni ejecutar desplazamientos forzosos- y el Estatuo de Roma (1998), que interpreta estas acciones como constitutivas de crímenes de guerra.