La fecha fue fijada este lunes por el Consejo de Ministros y confirmada por el ministro para las Relaciones con el Parlamento, Luca Ciriani, tras la reunión del Ejecutivo en Roma.
La reforma, aprobada por el Parlamento el pasado mes de octubre, debe someterse a un referéndum confirmatorio, tal como exige la normativa para las reformas constitucionales que no han sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los diputados y senadores.
Se prevé una larga y dura campaña marcada por una fuerte controversia tanto por la oposición, que la aprovechará para atacar al Gobierno -sobre todo de cara a las elecciones de 2027-, como por la propia magistratura, que se opone al cambio y acusa a la primera ministra Giorgia Meloni de intentar debilitar la independencia judicial.
Por su parte, el Ejecutivo defiende que la reforma es necesaria para evitar conflictos de interés y garantizar un sistema más equilibrado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La innovación más significativa, que es la que más polémica está causando, es la separación de las carreras entre los jueces de instrucción (fiscales) y los jueces de sentencia, es decir, entre el fiscal que lleva a cabo las investigaciones y el juez que dicta sentencia.
Además, se creará un doble Consejo Superior de la Magistratura (CSM), con dos órganos distintos: uno para los magistrados y otro para los fiscales.
El Gobierno afronta la consulta como una prueba clave en su agenda reformista y teme que una baja participación, habitual en los últimos referéndums, pueda afectar el resultado, ya que se requiere que al menos el 50 % del electorado participe para que el referéndum sea válido.