Las audiencias, en su mayoría públicas, se extenderán hasta el 29 de enero, según la agenda oficial, e incluirán varias rondas de argumentos orales de Gambia, que fue quien inició este procedimiento, y de Myanmar, aunque también habrá sesiones a puerta cerrada -por motivos de seguridad- en las que se escuchará a testigos y expertos.
El tribunal debe determinar si el país asiático ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio con sus prácticas contra la minoría musulmana rohinyá, después de que Gambia, firmante -al igual que Myanmar- de la Convención, iniciara el caso en 2019 acusando a las autoridades birmanas de tener una intención genocida contra este grupo.
Al abrir este lunes las audiencias sobre el fondo del caso, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, sostuvo que Myanmar mantiene “un patrón de conducta” que refleja una “intención de destruir” a la minoría rohinyá, y describió un contexto de “persecución atroz” prolongada y precedida por décadas de “propaganda deshumanizante”.
También habló de operaciones de “limpieza” y “políticas destinadas a borrar la presencia” rohinyá en Myanmar, lo que incluyó, señaló, violaciones “brutales y atroces” como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.
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El centro del caso son las operaciones militares lanzadas en 2016 y 2017 en Rakáin, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades birmanas aseguran que esa ofensiva iba dirigida contra grupos armados o terroristas, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en el país, de mayoría budista.
La ONU concluyó en 2018 que existían indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, y señaló que, como consecuencia de la violencia, más de 700.000 personas huyeron a Bangladés, donde siguen viviendo en campos de refugiados en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.
“No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional. Se trata de personas reales, de historias reales, de un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar. Han sido objeto de destrucción (...) Ha convertido sus vidas en una pesadilla, sometiéndolos a la violencia y destrucción más horribles que uno pueda imaginar”, advirtió Jallow.
La demanda cuenta con el respaldo formal ante la CIJ de otros once países, y el apoyo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica. El tratado considera el genocidio un crimen de interés internacional cuya persecución no depende de que un Estado esté directamente afectado, lo que permitió a Gambia asumir la causa.
El país africano solicita que la CIJ declare que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales, imponga reparaciones a las víctimas y obligue a las autoridades birmanas a ofrecer garantías de no repetición.
En una fase provisional del caso en 2019, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, habló ante la CIJ en La Haya para rechazar las acusaciones, que calificó de “engañosas”, y defendió la posición del Ejército birmano en un conflicto “interno” que es “muy complejo y difícil de entender”.
Ya entonces, la CIJ ordenó medidas cautelares a Myanmar en 2020 por las que le exigió acciones inmediatas para proteger a la población rohinyá, pero las organizaciones de derechos humanos sostienen que las violaciones continuaron y que la situación se ha deteriorado aún más tras el golpe de Estado militar de 2021. El grupo rebelde Ejército de Arakán controla hoy amplias zonas en Rakáin y también ha sido acusado de violencia contra los rohinyá.
No se espera una sentencia a corto plazo, puesto que la CIJ deberá deliberar durante meses antes de decidir si Myanmar incurrió en responsabilidad por genocidio.
La minoría musulmana rohingya, asentada principalmente en Rakáin, en el oeste de Myanmar, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, que no la reconocen como grupo étnico nacional ni le conceden la nacionalidad.
Una eventual condena de la CIJ, que tendría efectos sobre la definición de genocidio y la carga de la prueba asociada a este crimen, podría sentar un precedente para otros casos internacionales que incluyen acusaciones por genocidio, como el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel por la presunta intención genocida de sus operaciones militares en la Franja de Gaza.