Los "muros de Lennon", paneles cubiertos en 2019 por mensajes de resistencia y dibujos satíricos, empezaron a llenarse de papeles en blanco tras la imposición en 2020 de la Ley de Seguridad Nacional.
El fenómeno se extendió a campus universitarios, estaciones de metro y centros comerciales y anticipó una transformación que empujó a artistas, editores y promotores hacia la autocensura, el repliegue o el exilio.
Promulgada por Pekín sin debate en el Legislativo local, la norma definió un catálogo penal amplio -secesión, subversión del poder estatal, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras- con penas de hasta cadena perpetua, y su aplicación reordenó el ecosistema cultural a golpe de investigaciones, registros e incautaciones.
Amnistía Internacional y otras organizaciones cifran en más de trescientos los detenidos desde 2020 en causas vinculadas a la legislación de seguridad, entre activistas, periodistas, artistas y académicos, con frecuentes períodos de prisión preventiva prolongada y limitaciones a la libertad bajo fianza.
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La prensa independiente ha sido una de las mayores damnificadas. Apple Daily, fundado por Jimmy Lai como bastión de reportaje combativo y opinión crítica, cerró tras registros masivos y congelación de activos.
El magnate, de 78 años y nacionalidad británica, fue declarado culpable en diciembre al término de un juicio sin jurado de más de 150 días. El tribunal le atribuyó haber usado el diario para promover sanciones internacionales contra autoridades locales y centrales.
La audiencia de mitigación de pena comenzó este 12 de enero y la sentencia, con posible cadena perpetua, se espera en semanas, mientras gobiernos occidentales y oenegés citan este caso como ejemplo del uso político de la ley.
Otras cabeceras, como Stand News y Citizen News, bajaron la persiana tras allanamientos y arrestos de directivos. La caída de Hong Kong al puesto 140 del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, con entrada por primera vez en "zona roja", refleja esa erosión.
La presión se incrementó aún más en marzo de 2024 con la ordenanza del Artículo 23 de la Ley Básica, que amplió figuras como injerencia externa y espionaje y reforzó facultades de vigilancia e incautación.
La policía, además, habilitó una línea de denuncias con cientos de miles de avisos anónimos, con arrestos por viñetas satíricas, letras ambiguas o protestas con folios en blanco.
El sistema educativo incorporó módulos obligatorios de seguridad nacional y lealtad estatal, junto a viajes a China, y en 2024 las autoridades advirtieron al profesorado contra actos de consulados extranjeros, bajo riesgo de colusión.
El ámbito cultural ha pagado un precio alto. Desde 2021, trece películas han sido prohibidas por motivos de seguridad nacional y medio centenar obligadas a modificaciones, frente a cero vetos entre 2016 y 2020.
En diciembre, la censura rechazó 'Deadline', thriller del director Kiwi Chow, sin explicar los motivos. Exposiciones se cancelaron por alusiones veladas a la represión y centros culturales públicos recortaron socios artísticos, un control indirecto que críticos describen como asfixia.
Incluso la reacción ante tragedias se vigila. Tras el incendio mortal de noviembre en Wang Fuk Court, que se cobró 161 víctimas y que ha destapado un extenso entramado de corrupción, un universitario fue detenido por presunta sedición tras difundir peticiones de investigación y exigir responsabilidades.
Pese a todo, la creatividad resiste en los márgenes. Dentro, sobreviven iniciativas autorizadas y de pequeño formato bajo supervisión estricta, mientras que la diáspora ha reactivado sus actividades en Londres, Taipéi, Toronto y Sídney con vigilias, proyecciones y conciertos.
Antiguos reporteros editan ahora versiones simbólicas de periódicos clausurados, cineastas estrenan obras críticas en festivales internacionales y músicos sostienen el cantopop contestatario, pese a recompensas millonarias anunciadas por las autoridades.