La operación fue supervisada por el presidente de transición de Perú, el congresista derechista José Jerí, quien sostuvo que el traslado de presos continuará con mayor énfasis una vez entre en funcionamiento la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
"Estamos anticipando lo que va a ser, sin lugar a dudas, un mejor régimen penitenciario en nuestro país para contener las malas prácticas desde los penales", indicó el gobernante.
La Presidencia de Perú detalló que los presos llevados a Ancón I (cárcel de máxima seguridad) provinieron, principalmente, de cárceles del norte del país, ya que 10 fueron trasladados desde Piura, otros 10 de Chiclayo, 13 desde Trujillo y 2 de Cajamarca, mientras que 20 procedieron de otras prisiones de Lima.
Los informes de seguridad penitenciaria indicaron que estos reclusos "estarían vinculados a organizaciones y bandas criminales involucradas en delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal", añadió.
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En la zona de extrema seguridad de Ancón I cumplirán un régimen estricto, que contempla una visita quincenal mediante locutorio, una hora diaria de patio y otras medidas especiales.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, ratificó que los líderes de las organizaciones criminales "están siendo enviados a un penal de máxima seguridad, bajo un régimen extremo, con reglas más estrictas, sin acceso a conexión eléctrica ni a mobiliario".
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que, durante 2025 se trasladaron a 2.793 presos a diversas cárceles a nivel nacional, 707 de ellos como parte de las acciones que buscan "neutralizar la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios".
El pasado 5 de enero, las autoridades de Perú también enviaron a otros cien presos "de alta peligrosidad" a la prisión de Challapalca, ubicada a más de 4.800 metros de altitud, en una zona remota de los Andes, en la región sureña de Tacna, fronteriza con Bolivia y Chile.
El operativo de traslado de estos reos, que permanecían en cinco prisiones de Lima por estar vinculados a delitos como organización criminal, robo agravado, sicariato (asesinato por encargo), homicidio, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas, fue supervisado por el ministro Martínez.
El Gobierno que presidirá Jerí hasta julio próximo ha señalado que su principal tarea será la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo en el país.