La muerte de Martínez causó mucha conmoción a nivel nacional e internacional y según afirmaron abogados de su familia, pocos días después del crimen, siempre hubo muchas inconsistencias entre las personas implicadas, policías y civiles. Un informe preliminar de la Fiscalía señaló que la víctima murió a causa de una 'asfixia mecánica'.
El anuncio del nuevo juicio por este caso lo hizo el magistrado Walter Sabio, de la Sala de lo Penal de la CSJ en Tegucigalpa.
Sabio dijo a los periodistas que por unanimidad, el pleno de la Sala de lo Penal resolvió que el juicio por la muerte violenta de Martínez se debe repetir, debido al hallazgo de inconsistencias en el juicio anterior.
Agregó que un nuevo tribunal conocerá las pruebas y argumentos de las partes y que la decisión fue adoptada considerando los recursos que presentó el Ministerio Público (Fiscalía).
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Además, el nuevo juicio podría ser calificado como "femicidio", señaló el magistrado.
El día de la muerte de la estudiante, la Policía Nacional informó que fue detenida hacia las 23:45 del 7 de febrero, 'por escándalo público en estado de ebriedad, acompañada de un médico (Edgar Velásquez), violentando el toque de queda' que entonces regía en Honduras por la pandemia de Covid-19.
El delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ricardo López, expresó hoy que "es importante que las autoridades del Estado realicen un procedimiento de investigación exhaustivo con el único fin de poder esclarecer la muerte de Keyla y que se pueda castigar a la persona que ha cometido este delito nefasto".
El CONADEH señaló además que el 14 de septiembre de 2023 el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque (centro del país) dictó el fallo en el que declaró culpable del delito de homicidio imprudente al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de Keyla Martínez en una celda de la Unidad Departamental de Policía en La Esperanza.
Perdomo fue condenado por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque a cinco años de cárcel por la muerte de Martínez, lo que fue cuestionado por su familia y defensores de derechos humanos que calificaron la pena como una "burla" de la justicia.
Además, fue inhabilitado por cuatro años, se le asignó un trabajo social a favor de la comunidad y se le impuso una multa de 7.750 lempiras (unos 300 dólares).
El magistrado Walter Sabio no precisó cuando se iniciará el nuevo juicio.