"Ustedes saben que los ingresos que ya se están dando por venta de volúmenes de petróleo llegarán a través del Banco Central de Venezuela, llegarán a la banca privada para el mecanismo del mercado cambiario", indicó Rodríguez, sin precisar montos, en una reunión del consejo nacional de economía.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria encargada insistió en que se debe dar una sustitución de las importaciones para dar paso a la producción nacional y que las divisas se utilicen "exclusivamente" para los "sectores estratégicos", para materia prima, bienes de capital.
"Nuestra preocupación es que las divisas sean un impulsor de la economía nacional para garantizar las plenas capacidades productivas de Venezuela", indicó Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidenta encargada luego de que Estados Unidos capturara en Caracas a Nicolás Maduro.
Por otra parte, dijo que las divisas por ingreso petrolero se destinarán a la creación de fondos, como propuso el jueves ante el Parlamento, para "mejorar el ingreso de los trabajadores", entre otras cosas.
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En Venezuela la moneda oficial es el bolívar; sin embargo, el dólar estadounidense, y otras divisas, se usan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.
El tipo de cambio oficial lo establece el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo, lo que ha causado que los productos tengan distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.
El salario mínimo venezolano es de 130 bolívares mensuales desde hace casi cuatro años, menos de 40 centavos de dólar al cambio oficial, lo que evidencia el colapso del poder adquisitivo de los trabajadores en medio de la acelerada devaluación de la moneda, el alza sostenida de los precios y la incertidumbre económica.
Ese sueldo ha perdido poder de compra debido a la constante devaluación de la moneda local frente a la estadounidense.
En los últimos años, el Gobierno de Venezuela ha mantenido el salario mínimo sin aumentos, pero ha incrementado los bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, que defiende como "una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones", así como para "evitar la inflación".