La Procuraduría expuso, en un comunicado compartido en redes sociales, que "esta ley no debe contener amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad".
Señaló que "debe ser una normativa que coloque a las víctimas en el centro y garantice condiciones reales para la investigación, la sanción, la reparación integral y la no repetición".
Sobrevivientes de la guerra civil y organizaciones de derechos humanos presentaron en octubre de 2024 al Congreso un anteproyecto de ley de justicia transicional para que se genere un marco legal que garantice reparaciones integrales para los afectados por el conflicto armado.
Fue la tercera vez que se presentó una iniciativa ante el órgano Legislativo, dado que en 2021 la primera legislatura dominada por el partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), la archivó y una segunda presentación no fue discutida durante los tres años de su período.
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No obstante, a la fecha se desconoce si el Congreso estudia la tercer propuesta presentada en 2024.
La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social y la represión militar, que estalló tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero ( marzo de1980), dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.
Para la PDDH, la condena de militares en el caso de cuatro periodistas holandeses asesinados en 1982 -en pleno conflicto armado- y el avance al juicio contra altos mandos militares por la matanza de unos 1.000 civiles en el poblado salvadoreño de El Mozote en 1981, "demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto la impunidad puede ser enfrentada".
"Estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas", añadió.
El Salvador cumple este viernes 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra, efeméride marcada por la exigencia y la esperanza de justicia por parte de las víctimas del conflicto y las denuncias sobre una "escalada represiva" que ha provocado la salida o disolución de organizaciones civiles.