"Hoy la sensación es que llegamos al punto en el que queríamos estar, para que nos escuchara la jueza, en este caso, y poder aportar la información que llevamos tiempo guardándonos", dijo a EFE Lafuente al salir del juzgado de la capital filipina.
"Diego fue amenazado de muerte por el señor Miguel Villafuerte", puntualizó Lafuente, en referencia al entonces gobernador de la provincia sureña de Camarines del Sur, miembro de una poderosa dinastía política filipina.
Bello murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la turística isla de Siargao (sureste de Filipinas), a los 32 años, en una supuesta operación policial antinarcóticos en el marco de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (que gobernó ente 2016 y 2022), ahora detenido y a la espera de juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Los acusados de dispararle son el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda, quienes estuvieron hoy presentes en la sala. El pasado mayo el Tribunal de Primera Instancia Regional de Filipinas les denegó la libertad bajo fianza porque "la evidencia de culpabilidad es sólida".
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Nacido en La Coruña (noroeste de España) en 1987, Bello llegó en 2017 a Siargao, en la región meridional filipina de Mindanao, y decidió quedarse para construir una vida en torno al surf, la naturaleza y la diversión que ofrece esta isla tropical.
El español regentaba una discoteca, La Santa, y una tienda de ropa. La pareja de Villafuerte, la Miss Universo Filipinas Rachel Peters, regentaba también un negocio en Siargao.
"La verdad es que nos vamos satisfechos de cómo se desarrolló la vista, y esperemos que esto acabe pronto", añadió la madre de Bello, quien asistió al tribunal junto al padre del fallecido, Alberto Bello, si bien solo testificó ella.
Lafuente también explicó cómo era la relación con su hijo, las veces que le visitó en Filipinas y su contacto con Diego los días previos a su muerte.
Las amenazas de Villafuerte, miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas, habían sido ya expuestas, sin que se hayan revelado los posibles motivos.
Los agentes acusaron al español de ser un "narcotraficante de alto valor", y alegaron que diseñaron una operación para detenerlo que acabó con un tiroteo después de que supuestamente se resistiera y disparara contra los oficiales.
Sin embargo, un informe acusatorio de la Oficina Nacional de Inteligencia filipina (NBI, por sus siglas en inglés) desdeñó la versión oficial y acusó en 2022 a tres agentes policiales de asesinato.
Los acusados podrían enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua de ser hallados culpables, indicó a EFE Guillermo Mosquera, abogado de la familia española, que aseguró que los padres de Bello y él volverán a Manila "una o dos veces más, seguro", hasta que concluya el proceso, cuya fecha se desconoce.