Así, el alto tribunal rechazó los recursos que las defensas del exministro del Partido Socialista (PSOE) y de su exasesor interpusieron contra su ingreso en prisión preventiva el pasado mes de noviembre.
En dos autos conocidos este lunes, los magistrados del Tribunal Supremo siguen el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que lidera el conservador Partido Popular (PP), puesto que ambas partes son partidarias de mantener en prisión a los dos investigados.
Los investigados afrontan peticiones de penas del fiscal de 24 años de cárcel (en el caso de Ábalos) y de 19 y medio (en el caso de Koldo García) de cara a la celebración del primer juicio del conocido como ‘caso Koldo’.
Para adoptar su decisión, la Sala del Tribunal Supremo alude a la gravedad de esas peticiones de penas y también al “alto” riesgo de que ambos puedan sustraerse a la acción de la Justicia.
Los magistrados del Supremo hacen también referencia a un “caudal de indicios” que “no ha dejado de crecer con cada nueva información” en una causa en la que se enjuiciarán presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación y en la que los indicios que se refieren a la supuesta participación de Ábalos “son más sólidos”.
A ello, y otros argumentos, “se suma la proximidad de la celebración del juicio”. En el caso de no aceptarse las nulidades planteadas por las defensas, ese juicio podría comenzar después de la Semana Santa, en el próximo mes de abril, según informaron a EFE fuentes jurídicas.
El Supremo niega que se dé “por sentado que va a mediar una sentencia condenatoria, pero sí que el riesgo cierto y cercano de que se produzca una condena es elevado y, por consiguiente, también lo es el de fuga”.
Circunstancias como estas, según la Sala de Apelación, dibujan “un escenario en el que el riesgo de fuga es muy elevado”.
Ábalos, ex secretario de organización del Partido Socialista (PSOE) y ministro de Transportes entre 2018 y 2021, y Koldo García están siendo investigados por varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de coronavirus.
Esta trama se engloba dentro del conocido como ‘caso Koldo’, un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.
También estaría implicado en el operativo Santos Cerdán, otro ex secretario de organización del PSOE, hasta hace unos meses mano derecha del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Partido Socialista.
Cerdán estuvo también en prisión preventiva durante casi cinco meses, hasta que fue puesto en libertad el pasado 19 de noviembre.