Zeña, junto a su pareja Jonny Coico Sirlopu, fue responsable de la muerte de dos trabajadores en 2017 y del maltrato de otros tres sobrevivientes, encerrados en un contenedor en condiciones inhumanas.
El jefe de la División de Investigación Criminal, Eduardo Martín Cruz, informó que Zeña fue localizada en el último piso de un edificio multifamiliar en San Martín de Porres, norte de Lima, y capturada gracias a información proporcionada por una persona, que recibió la recompensa de 50.000 soles (14.800 dólares) ofrecida por el Ministerio del Interior.
El caso se remonta a junio de 2017, cuando Jovi Herrera y Jorge Luis Guzmán murieron en un incendio dentro de un contenedor cerrado en la azotea del edificio Nicolini, un inmueble antiguo cercano al centro histórico de Lima.
Los sobrevivientes declararon que eran encerrados diariamente desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en un espacio con poca ventilación e iluminación, sin acceso a alimentos ni servicios higiénicos, y obligados a armar luminarias manualmente por un pago de solo 25 soles diarios (7,4 dólares actuales).
En diciembre de 2025, la justicia peruana ratificó la histórica condena de 32 años de prisión contra Zeña, confirmando la pena inicial dictada en 2018.
La sentencia, considerada la primera confirmada en Perú por el delito de esclavitud, fue emitida por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.
Coico y Zeña también fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el plazo de sus penas y deberán pagar 20.000 soles a los sobrevivientes y más de 479.000 y 459.000 soles a los herederos de los fallecidos por concepto de reparación civil.