El responsable británico para el Gobierno Local, Steve Reed, aprobó los planos del edificio de la antigua sede de la Real Casa de la Moneda británica, próxima a la Torre de Londres sobre el río Támesis.
La decisión sobre la nueva embajada, la más grande en Europa, se tomó después de meses de recelos sobre el riesgo para la seguridad nacional británica, pero que allana el camino para el impulso que el Gobierno de Keir Starmer quiere darle a su relación con China.
La decisión se produce a pesar del llamamiento de los diputados y pares del Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional a rechazar los planes, por considerar que la embajada "crearía un centro para ampliar las operaciones de recopilación de inteligencia e intimidación".
Además, los residentes locales están recaudando fondos para iniciar una revisión judicial contra el proyecto.
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Luke de Pulford, director de la Alianza Interparlamentaria sobre China, declaró a los medios que "años de campaña sobre los evidentes y múltiples riesgos que plantea el desarrollo de esta embajada no han sido suficientes para contrarrestar el deseo del gobierno del Reino Unido de obtener el dinero de Pekín".
La legación contará con 20.000 metros cuadrados y estará a pocos metros del distrito financiero de la City londinense.
China compró el complejo por 255 millones de libras (más de 290 millones de euros) en 2018 y la decisión del Gobierno sobre si aprobaba o no la construcción estaba prevista para esta misma semana.
Los servicios de inteligencia británicos - el MI5 (interior) y el MI6 (exterior)- e incluso el Gobierno de EE.UU. habían advertido de que su ubicación estratégica podría facilitar a Pekín presuntas acciones de espionaje.
El primer ministro británico definió el año pasado a China como "una fuerza decisiva en tecnología, comercio y gobernanza global", pero reconoció que, al mismo tiempo, también representa "una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido".
Según los medios británicos, China ha incrementado su presencia diplomática en territorio del Reino Unido en los últimos años, desde 116 funcionarios en 2020, hasta 142 en 2025.
