Espinoza consideró el proceso como un "atropello" a sus derechos, aunque se mostró confiada en que "todavía tenemos un porcentaje mínimo de Estado de Derecho".
Sin embargo, acusó a los integrantes de la JNJ de "avasallar el respeto a la constitucionalidad" y de iniciar un procedimiento a favor de la restitución de Benavides como fiscal suprema sin tener sustento legal.
En diciembre pasado, el Congreso peruano también desaforó a Espinoza, al aprobar una acusación constitucional para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricación, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía Nacional.
Además, el pleno del Parlamento la inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.
Los integrantes de la JNJ escucharon la presentación de Espinoza, que tuvo una duración de 10 minutos, y anunciarán en los próximos días su decisión de destituirla o no en el máximo cargo del Ministerio Público.
En declaraciones a los periodistas, Espinoza explicó que impidió el acceso de Benavides al despacho de la Fiscalía de la Nación (fiscal general) porque ella y su equipo "quisieron entrar a cometer ilegalidades" y "lograr que haya impunidad, como se está viendo con el interino que está allí sentado", en referencia al fiscal general encargado, Tomás Gálvez.
En septiembre pasado, la Junta suspendió a la fiscal durante seis meses, por haberse negado a acatar una orden que le dio para que restituya en el cargo a su antecesora Patricia Benavides, quien también había sido suspendida por la anterior composición del JNJ, al enfrentar investigaciones por presunta corrupción.
La JNJ, que durante los últimos meses de 2025 mantuvo un enfrentamiento con la fiscal general, aseguró que conduce los procesos disciplinarios "con criterios técnicos, objetivos y públicos".
El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una medida cautelar solicitada por la JNJ para impedir la reposición de la fiscal, que había sido ordenada por sendas resoluciones judiciales.
Espinoza ejerció el cargo desde noviembre de 2024 hasta septiembre pasado, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.
La suspendida fiscal comentó que hay una "animadversión" contra ella porque no ha "pactado" con congresistas, ni cometido delitos, razón por la cual remarcó que confía en su capacidad para "hacer prevalecer la verdad".
Mientras tanto, la fiscalía general ha sido asumida de manera interina por el fiscal supremo Tomás Galvez, quien el pasado 6 de enero disolvió los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó a la constructora brasileña Odebrecht, y la trama de 'Los cuellos blancos', donde él estaba involucrado.