A través de X, Martínez aseguró que Carlos García, quien fue alcalde del municipio Libertador del estado Mérida (oeste) entre 2013 y 2017, tenía asilo y permiso de trabajo "vigente hasta 2030", pero, a pesar de esto, fue detenido en la ciudad de Cincinnati por "dos funcionarios que -detalló- se lo llevaron esposado, sin causa alguna".
"Su vida corre peligro en el caso de ser deportado. Carlos es un ciudadano trabajador, ejemplar, sin récord criminal, padre de familia", indicó la presidenta de PJ.
García salió al exilio luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano lo destituyera de su cargo y lo sancionara a 15 meses de prisión.
En 2017, PJ rechazó la orden emitida por el TSJ y dijo que García fue señalado de incumplir "la orden de impedir la colocación de barricadas en su municipio", en relación a obstáculos viales, en medio de las protestas ocurridas en ese entonces en el país.
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Las manifestaciones -que dejaron 124 muertes, según la Fiscalía- se desataron luego de que el TSJ emitiera sentencias en las que asumían funciones del Parlamento, controlado entonces por la oposición.
La entonces fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, declaró que la decisión del Supremo representaba "una ruptura del orden constitucional". Luego de esto, fue destituida y salió del país para exiliarse.