El asesor técnico principal del ministro ruandés de Justicia, Michael Butera, confirmó este martes al diario local The New Times que Ruanda "intentó inicialmente aclarar posiciones y explorar posibles vías de avance, mostrando su disposición a dialogar" sobre la Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico, tratado bilateral acordado con el Gobierno conservador previo al Ejecutivo del actual primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.
"Dado que estas conversaciones no dieron como resultado un entendimiento común, recurrimos a la opción de resolución de disputas expresamente prevista en el tratado", señaló Butera.
"El arbitraje -añadió- ofrece un proceso estructurado y neutral a través del cual ambas partes pueden presentar sus posiciones y obtener una determinación de conformidad con el derecho internacional".
Tras su victoria en las elecciones generales de julio de 2024 en Reino Unido, Starmer prometió poner en práctica "una política diferente" a la de su antecesor, Rishi Sunak.
En una de sus primeras medidas, el líder aseguró que el llamado ‘plan Ruanda’ estaba "muerto y enterrado".
El controvertido plan migratorio tuvo un elevado coste para Londres, ya que el Ejecutivo británico abonó al país africano una partida inicial de 240 millones de libras (cerca de 277 millones de euros) por acoger a los deportados.
Aunque el plan fue finalmente anulado, Ruanda se negó a devolver la cantidad al argumentar que fue el Reino Unido quien puso fin al acuerdo y que esos fondos ya habían sido empleados para preparar la acogida de migrantes.
Londres se había comprometido, asimismo, a pagar 370 millones de libras (unos 426 millones de euros) más en diferentes envíos durante los próximos cinco años, así como un complemento de 120 millones (unos 138 millones de euros) una vez hubieran llegado 300 migrantes.
En virtud del acuerdo, dos pagos de 50 millones de libras (unos 57 millones de euros) cada uno deberían haberse desembolsado a Ruanda en abril de 2025 y abril de 2026, respectivamente, pero esos pagos no llegaron a efectuarse, según The New Times.
La ONU y varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) habían criticado el proyecto al denunciar que "socavaba" el Estado de derecho y violaba los derechos de las personas refugiadas.