El debate durante una semana desnaturalizó completamente el texto original, que había sido adoptado en primera lectura por los diputados con una amplia mayoría.
Eso fue posible por una amplia movilización del ala más conservadora de la derecha, a la cabeza de la cual estuvo el presidente de Los Republicanos y anterior ministro del Interior, Bruno Retailleau.
Al final el texto, que había perdido toda coherencia, fue aparcado ya que sólo lo apoyaron 122 senadores, mientras que 181 se pronunciaron en contra.
Se creaba en ese dispositivo, ahora desechado, un "derecho al mejor alivio posible del dolor y del sufrimiento" pero bajo el principio de que no podría haber "ninguna intervención voluntaria con intención de provocar la muerte o de ayudar a morir".
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Antes de que los senadores se pronunciaran, y a la vista de la deriva que tomaban las cosas, el ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, había subrayado en declaraciones a la emisora France Info que "los diputados tendrán la última palabra".
El texto que se aprobó en la Asamblea Nacional en mayo, y al que probablemente volverán los diputados, establece la posibilidad de recibir una ayuda activa a morir para los pacientes graves o incurables "en fase avanzada" o "terminal" de su enfermedad, que padezcan "sufrimientos físicos o psicológicos contantes".
Una condición es que los enfermos deben poder expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación, lo que excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hubieran solicitado la eutanasia previamente pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la administración de las sustancias que provocan la muerte.