El juez federal Daniel Alonso decidió "desestimar la acción de habeas corpus preventivo" que presentaron los miembros del partido centrista Unión Cívica Radical Rubén Alberto Pagliotto y Raymundo Arturo Kisser y el académico Armando Rafael Aquino Britos contra la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional.
Tras la publicación del decreto que redefinió los roles de la SIDE y autorizó a sus agentes a aprehender personas sin una orden judicial, se presentaron ante la Justicia múltiples recursos que intentaron suspenderlo, aunque ninguno había sido tratado hasta el momento.
Alonso, el primer magistrado en rechazar una presentación contra el decreto, argumentó que el mismo no representa una "limitación o amenaza de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna".
El decreto publicado el primer día hábil de 2026 autorizó a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad y estableció que sus agentes podrán "aprehender" personas.
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“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, indica la norma.
El texto aclara, no obstante, que los organismos de inteligencia “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas, y precisa que el sistema tiene como finalidad la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
En la resolución de este viernes, el juez Alonso elevó el expediente de manera automática a un tribunal de alzada para que revise su decisión en un plazo de 24 horas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales organizaciones de derechos humanos de Argentina, criticó duramente el decreto tras su publicación, lo describió como "inconstitucional y peligroso" e instó al Congreso y a la Justicia a rechazarlo.
"Desde su asunción, Milei reformó por decreto el modelo de Inteligencia y avanzó hacia el espionaje ilegal, sin reacción del sistema político. Ahora es urgente que el Congreso y cada espacio democrático trabaje para rechazar el nuevo DNU", expresó el CLS.
La norma dictada por el Ejecutivo se remitirá próximamente a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento.