En un comunicado, la multinacional luxemburguesa rechazó "categóricamente" todas las acusaciones, asegurando que la reclamación no tiene "base fáctica ni jurídica" y que defenderá su posición "con firmeza" ante todas las instancias competentes.
La compañía recibió hoy la notificación formal de la demanda, en la que se le acusa de participar en actos de mala gestión como parte de una estrategia para desmantelar la planta de Tarento (sur de Italia), la mayor acería de Europa, destruir ADI y "saquear los beneficios" fuera del país, lo que causó a ADI daños por aproximadamente 7.000 millones de euros
"Lejos de extraer valor, ArcelorMittal cumplió todas sus obligaciones, no influyó ni dirigió ilícitamente a la dirección local e invirtió aproximadamente 2.000 millones de euros para reconvertir un negocio estructuralmente problemático", afirmó el grupo.
ArcelorMittal adquirió la planta de Tarento en 2018 con la promesa de sanearla e impulsarla y se alió con el Estado italiano, que posee el 38 % de su capital a través de Invitalia, el ente para las inversiones públicas.
Sin embargo, la relación entre el socio privado y Roma se deterioró tras sucesivos desencuentros sobre la financiación y el plan de mantenimiento ambiental, una crisis que culminó en 2024 cuando el Gobierno italiano decretó el régimen de administración extraordinaria ante las graves deficiencias de liquidez de la empresa.
La medida supuso la salida definitiva de la multinacional y la reorganización de la acería bajo la marca Acciaierie d'Italia, actualmente bajo tutela estatal.
La siderúrgica atribuye el deterioro de la planta de Tarento a una "actitud adversarial" y "actos y omisiones deliberados" por parte de Invitalia e Ilva, y a "omisiones e intervenciones legislativas ilegítimas" del Gobierno italiano.
En particular, denunció que en 2019 se eliminaron las protecciones legales necesarias para implementar el plan medioambiental sin riesgo de responsabilidad penal.
Por el contrario, la demanda sostiene que el deterioro del polo siderúrgico fue fruto de una "estrategia deliberada y precisa" para desviar recursos financieros de la filial italiana hacia la matriz, según el escrito al que han tenido acceso medios locales.
"Cualquier narrativa que pretenda atribuir responsabilidad a ArcelorMittal carece de toda base fáctica y jurídica e ignora las obligaciones asumidas por Invitalia y el Gobierno italiano", aseguró la empresa, que señaló que fueron los "actos reiterados" de sus demandantes los que frustraron la ejecución de las inversiones previstas.
Este nuevo frente judicial se suma al arbitraje internacional que ArcelorMittal inició contra el Estado italiano en junio de 2025, en el que reclama más de 1.800 millones de euros alegando que su inversión fue "expropiada ilegalmente".
La batalla legal en Milán se perfila como una de las de mayor cuantía en la historia judicial de Italia, poniendo en juego el futuro del mayor polo siderúrgico de Europa y las tensas relaciones entre Roma y el gigante del acero.
La demanda llega en un momento de máxima tensión para la mayor acería de Europa, sumida desde hace años en una grave crisis financiera, a la que se suman críticas por emisiones contaminantes y serias deficiencias de liquidez que impiden saldar sus deudas y garantizar su mantenimiento y su producción.
Ante esta situación, el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca una salida para los cerca de 10.500 empleados de la acería, mientras los sindicatos tachan sus propuestas de "plan de cierre de facto" por contemplar suspensiones laborales masivas (ERTE) y la reducción progresiva de la producción.