En un comunicado, el abogado de las víctimas, Olivier Aumaître, señaló que las indemnizaciones que deberá pagar la certificadora oscilan entre los 6.000 y los 47.000 euros.
Se trata de 341 mujeres británicas, 17 búlgaras, 12 irlandesas y 1 colombiana.
"Esta sentencia es la primera de una serie de decisiones que se espera en los próximos dos años y marca un punto de inflexión en este escándalo que comenzó hace más de 15 años", destacó el letrado en el comunicado.
Hasta ahora, la justicia francesa había condenado al grupo alemán a pagar provisiones a las víctimas, es decir, a un anticipo de su indemnización, a la espera de que se evaluara su situación médica.
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En mayo de 2023, el Tribunal de Casación confirmó la responsabilidad del certificador, señalando que la empresa TÜV Rheinland había incumplió sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia.
El caso se ha desarrollado en los tribunales franceses por ser el país sede de la empresa PIP que comercializaba los implantes, en diversas piezas.
Compuestas por un gel industrial muy barato pero no conforme a las normas sanitarias, las prótesis se hicieron muy populares en todo el mundo, y se calcula que durante los diez años que estuvieron en el mercado fueron implantadas a decenas de miles de personas.
Gracias a la certificación de TÜV, recibieron el sello europeo que les abrió las puertas de más de 60 países en todo el mundo, muchos de ellos en América Latina, donde llegaron a ser muy populares, sobre todo en Colombia y Venezuela.
Con el tiempo, muchas de esas prótesis se rompieron y, en otros casos, componentes tóxicos se filtraron al organismo, desde los ganglios linfáticos a los pulmones, lo que acabó por desembocar en un escándalo sanitario.
En 2016, el fundador de PIP, Jean Claude Mas, fue condenado a cuatro años de prisión, donde falleció tres años más tarde.