La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el pasado 29 de enero como "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), situados en los alrededores del Canal interoceánico.
El Gobierno panameño anunció el pasado 30 de enero que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación "abierta y transparente" de la concesión.
"La decisión de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria no tiene un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá", dijo Moody's Ratings en un comentario enviado a EFE.
Sin embargo la agencia, que mantiene el grado de inversión de Panamá en Baa3 con perspectiva negativa, señala que el "posible inicio de un arbitraje internacional por parte del concesionario (chino) constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana".
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"Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo", agregó Moody's.
La PPC afirmó en un comunicado que el fallo judicial que le quita la operación de los dos puertos "carece de fundamento jurídico" y que no descarta activar "procedimientos legales e internacionales" ante esta decisión.