La norma fue aprobada en julio del pasado años por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto presidencial. Aunque el Parlamento rechazó ese veto en septiembre, el gobierno decidió no aplicarla con el argumento de que el texto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.
La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.
Ya en enero de este año, el juzgado volvió a fallar a favor el cumplimiento de la ley y puso como plazo máximo este 4 de febrero para implementarla.
En la fecha límite que dispuso la Justicia, el Gobierno reglamentó la ley mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, aunque aclaró en el texto que lo hizo “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”.
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La ley declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, y establece un nuevo régimen de pensiones para el sector.