Esta conclusión se basa en las consecuencias sufridas por la población gazatí durante el último año de ofensiva bélica, que Israel detuvo el pasado 10 de octubre de 2025 en virtud de un alto el fuego pese al que, sin embargo, continúan los ataques esporádicos del Ejército.
Hasta esa fecha, más de 69.000 palestinos habían muerto en Gaza (alrededor del 28 % de ellos menores de edad) mientras que los heridos superaban los 170.000, según datos de Sanidad del gobierno de Hamás, que asegura que la mayoría eran civiles.
HRW destaca también el bloqueo a la llegada de alimentos al que Israel sometió a los gazatíes, junto a la falta de agua suficiente para su supervivencia, el desplazamiento forzoso y los ataques aéreos contra zonas no militares o bajo órdenes de desplazamiento, “incluido un ataque el 30 de junio contra la cafetería costera Al Baqa que presuntamente mató entre 24 y 36 personas”.
“Durante más de 11 semanas, entre principios de marzo y mediados de mayo, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo total a Gaza para, según dijeron, presionar a Hamás para que liberara a los rehenes.
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La organización recuerda que ese cerco, impuesto a más de dos millones de palestinos, la mitad de ellos niños, impidió el ingreso de alimentos, medicinas u otro tipo de ayuda en la franja.
Según una evaluación realizada por organizaciones humanitarias, entre el 17 de agosto y el 5 de septiembre, el 49 % de la población gazatí no tenía acceso ni quiera a los 6 litros de agua potable al día, considerado el estándar mínimo de emergencia.
Para HRW, negar el acceso al agua a la población palestina de Gaza constituye un crimen de lesa humanidad de exterminio mediante la imposición de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población.
En su resumen anual, HRW recuerda los asesinatos “deliberados y repetidos” de periodistas palestinos a manos de Israel, como el del famoso corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, junto a otros cinco trabajadores de medios, el 10 de agosto de 2025.
También alude a los asesinatos de paramédicos, policías que custodiaban los convoyes de ayuda humanitaria o rescatistas.
Además, señala que, a octubre de 2025, Israel mantenía detenidos a más de 11.000 palestinos, el 32 % de ellos sin cargos ni juicio, y sin permitir el acceso independiente a los centros de detención ni al Comité Internacional de la Cruz Roja, pese a la extensa documentación de torturas y violencia sexual contra palestinos detenidos.
Sobre Cisjordania, la organización denuncia que en enero de 2025 las tropas israelíes forzaron el mayor desplazamiento de población en ese territorio desde la guerra de 1967, con la expulsión de más de 32.000 refugiados palestinos de los campamentos de Tulkarem, Nur Shams y Yenín, la mayoría aún fuera de sus casas un año después.
Y alude, también, a cómo a mediados de septiembre de 2025 las autoridades israelíes ya habían avanzado en sus planes de construir un total de 25.000 nuevas viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, un récord histórico según el grupo que monitoriza su expansión, Peace Now.