El pasado octubre, el Departamento de Transportes congeló 18.000 millones de dólares en fondos que afectan a este proyecto ferroviario, llamado Project Gateway, al considerarlo sujeto a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los gobiernos demócratas, entre otros planes de infraestructura.
Las fiscalías interpusieron la demanda el martes por la noche en un tribunal de Nueva York y reclamaron a un juez una orden que impida a Transportes mantener los fondos congelados, con las principales autoridades de los dos estados advirtiendo de la pérdida de empleos y la suma de costes que afrontan.
En paralelo, la Comisión de Desarrollo de Gateway, que se encarga de la construcción de la infraestructura, acudió el lunes a un tribunal de Washington argumentando que el Gobierno incumplió obligaciones al retener unos 205 millones de los fondos por motivos políticos.
La Comisión advirtió en su acción de que si no restablecen los fondos para el proyecto Gateway, unos 16.000 millones, el grupo no podrá pagar las subcontratas que se ocupan de los trabajos de construcción, lo que aparte de dejar las obras a medias, generaría costes por penalizaciones y otras deudas.
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un comunicado que la "venganza de Donald Trump sobre Nueva York" amenaza miles de empleos, millones de dólares en beneficios económicos y los traslados de unos 200.000 usuarios de esa infraestructura, cuyas mejoras comenzaron en 2023.
La fiscal estatal, Letitia James, señaló que se trata de uno de los corredores de transportes más utilizados del país, pero "los túneles ya están bajo presión y perder este proyecto puede ser desastroso para los pasajeros, trabajadores" y la economía "más allá de Nueva York y Nueva Jersey".
La semana pasada, según medios locales, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguró que el senador "Chuck Schumer y los demócratas son quienes están obstaculizando un acuerdo para el proyecto de túnel Gateway al rechazar negociar con la Administración Trump".
La financiación para este proyecto fue aprobada por el Congreso en 2021, bajo una ley firmada por el expresidente demócrata Joe Biden.