La reforma, que establece una edad mínima de retiro ordinario de 57 años para los trabajadores del sector público, salió adelante en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados con 41 votos a favor, la mayoría de los legisladores del gobernante Partido Colorado.
Los diputados de la oposición abandonaron la discusión después de pedir que fuera pospuesta, un extremo que el oficialismo negó.
Con la media sanción, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, donde continuará el trámite.
El proyecto establece un "requisito mínimo de retiro" ordinario a los 57 años con un aporte de al menos 25 años, así como una jubilación extraordinaria a los 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, detalló en el debate la diputada colorada Cristina Villalba.
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Para el caso de los policías y militares, explicó la diputada, el retiro será a una edad mínima 57 años y con 25 años de aportes.
El magisterio nacional, los docentes universitarios, militares y policías no requerían una edad mínima de jubilación.
La reforma también elevó del 3 al 5 % el aporte del Estado a la "caja fiscal", como se le conoce en el país al sistema de jubilaciones del sector público.
El Ejecutivo de Santiago Peña defiende la reforma de la caja fiscal al señalar un déficit financiero que en 2025 alcanzó los 380 millones de dólares, cerca del 0,8 del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo.
Antes de abandonar la sesión, el diputado opositor Diosnel Aguilera criticó que la reforma "no solo es insensible, sino inmoral y violatoria de la constitución".
El legislador destacó que la iniciativa afecta los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público, al tiempo que instó al Estado a aumentar sus aportes al sistema jubilatorio.
"En el caso del servidor público, el Estado se desentendió siempre de su rol de empleador. Y la falta de pago del aporte patronal se representa ahora como el déficit de la caja fiscal", sostuvo Aguilera.
En paralelo, cientos de trabajadores y jubilados tomaron las calles de Asunción, la capital paraguaya, para rechazar la reforma.
Los manifestantes se concentraron desde tempranas horas de hoy en una plaza adyacente al Congreso paraguayo, donde corearon consignas contra la medida.
"Marcho por una jubilación justa y digna para todos los obreros, si esa reforma se da, va contra todos", dijo a EFE la docente Isabel Gómez.
La mujer, de 59 años y en proceso de jubilación, afirmó que el sistema de jubilaciones del sector público necesita que el Estado paraguayo "ponga lo suyo", una crítica al actual aporte del 3 %.
"El Estado está por debajo de los estándares internacionales con esa propuesta del 5 %, a nivel internacional, por ejemplo, los aportes del Estado están entre el 15 y el 20 %. Nosotros proponemos que el Estado paraguayo aporte un 14 %, por debajo del promedio internacional", señaló al respecto el militar retirado Felipe Mercado.
El hombre señaló a EFE que la reforma es apenas "un parche" al déficit actual del sistema público de pensiones.
Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la caja fiscal tiene al menos 232.631 aportantes y paga unas 74.339 jubilaciones y pensiones.
El mismo documento apunta que el renglón de aportantes crece 4,85 % de forma anual, mientras el de pensiones lo hace 3,77 %.
El Estado paraguayo ha dicho que el déficit hará insostenibles los pagos en el futuro, y que solo podría elevar su aporte al 14 % si sube impuestos, un extremo que representantes de los gremios rechazaron.