En una declaración, la UPPN también exigió el cese inmediato de toda forma de tortura física, psicológica y moral; así como tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las víctimas y sus familiares, por parte del Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
También abogó por una "intensificación urgente" de la vigilancia e investigación internacional imparcial de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en línea con los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miras a establecer responsabilidades individuales penales y sanciones.
Además exhortó a la comunidad internacional para que, como lo ha recomendado el GHREN, exija responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y adopten medidas para proteger a las víctimas de la represión.
A juicio de ese organismo, "para desmontar la estructura que sostiene el sistema de represión que somete a un estado de control y terror al pueblo nicaragüense a manos del régimen, sólo será posible a través de la búsqueda legítima de una justicia estructural integral que parta de la dignidad de las víctimas".
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"Como supervivientes de los daños y torturas físicas, psicológicas y morales perpetradas por el narco régimen terrorista del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) declaramos que, la supremacía de la dignidad de las víctimas es inquebrantable y no puede ser degradada en actos de vejámenes, sumisión o pleitesía pública que pretendan negarnos el derecho legítimo a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de repetición", insistió.
La UPPN criticó, además, que puedan tomarse las recientes excarcelaciones sin libertad plena como "gesto de buena voluntad por parte del régimen".
Asimismo, reafirmó "que las personas prisioneras políticas no son monedas de cambio, instrumento de negociación política o herramienta de control social".
"Son sujetos plenos de derecho, siendo una responsabilidad colectiva luchar y exigir su total liberación", anotó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".