El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo a periodistas que la suspensión se debió a un defecto de forma en la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público (Fiscalía).
Los equipos de defensa exigieron que los tomos documentales fueran entregados "debidamente foliados" para garantizar el derecho a una defensa técnica individualizada, señaló.
"El juez ha tomado la determinación de que la Fiscalía presente el próximo martes cada uno de los tomos debidamente foliados para que las defensas puedan identificar los hechos de manera individual para cada uno de los imputados", explicó el portavoz judicial.
Pese al aplazamiento, la Fiscalía ratificó la acusación por 67 delitos contra cada uno de los doce encausados, quienes continuarán bajo la medida de arresto domiciliario.
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Según la Fiscalía, la diputada y el exministro habrían actuado en "contubernio" con una decena de excolaboradores para defraudar más de seis millones de lempiras (unos 227.960 dólares) de las arcas públicas.
La legisladora, del opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), fue suspendida de su cargo de forma temporal tras personarse el jueves voluntariamente ante los juzgados de Tegucigalpa.
La investigación apunta a que el dinero se drenó mediante cheques del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario que para el periodo 2023-2025 contaba con un presupuesto de unos 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Presuntamente, estos recursos financiaron la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en las pasadas elecciones de noviembre, en las que su candidata, Rixi Moncada, obtuvo el tercer lugar frente al triunfo de Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.
El escándalo estalló en junio de 2025, tras la dimisión del exministro de Sedesol a raíz de la filtración de un video en el que conversaba con la diputada sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, y debían ser ejecutados por comunidades, patronatos, juntas de agua, alcaldías y organizaciones sociales.