En un comunicado, Izaguirre advirtió sobre el "alto riesgo" que enfrentan los profesionales del derecho en el país tras el reciente asesinato del abogado René Altamirano, atacado el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, presuntamente por dos individuos que se conducían en una motocicleta.
Altamirano fue regidor (concejal) de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
Izaguirre se solidarizó con la familia de Altamirano y urgió a las autoridades hondureñas a "actuar con prontitud, firmeza y diligencia" en las investigaciones para identificar a los responsables.
Señaló que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero "no ha funcionado" hasta ahora.
"En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones, enfatizó.
El organismo señaló en un comunicado que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las verdaderas causas de las muertes y priva a las familias de las víctimas del derecho a la verdad.
Por ello, instó al Estado a implementar "mecanismos de seguridad" efectivos para salvaguardar la integridad y la vida de abogados y sus familias.
Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se ha tornado especialmente peligroso en el país, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, las regiones que más muertes violentas de abogados registran, aunque no precisó cifras.
Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal, mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de varias organizaciones e instituciones, añadió.
El Conadeh detalló que la mayoría de los ataques se produjeron en el interior de vehículos, en viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad en el país "no han sido las más propicias" para salvaguardar la vida de estos profesionales.