"Es importante señalar que esta restricción no es un acto responsable de política migratoria: es la confesión tardía de una práctica criminal sostenida por el régimen dictatorial de Nicaragua durante estos últimos años", anotó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en una declaración.
A juicio de esa organización política, "bajo el disfraz de “solidaridad”, el Gobierno sandinista, que en la víspera eliminó el libre visado a los cubanos, "promovió como un arma contra Estados Unidos el tránsito irregular de cientos de miles de ciudadanos cubanos, convirtiendo a Nicaragua en una ruta del tráfico humano, lo cual constituye un crimen internacional".
Nicaragua, que en noviembre de 2015 cerró sus fronteras a cientos de migrantes cubanos que venían desde Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos, decidió autorizar el ingreso al país a los cubanos sin necesidad de visa a partir del 22 de noviembre de 2021.
El Ejecutivo sandinista explicó entonces que el libre visado es una medida "humanitaria" para beneficiar a cubanos con familiares en el país centroamericano.
Nicaragua tomó esa decisión días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el voto de 25 países, incluido EE.UU., considerara que las elecciones en las que Ortega se impuso para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".
"Esta política se mantuvo mientras fue rentable política y económicamente. Solo ahora se intenta maquillar la realidad, cuando la Administración del presidente Trump ha endurecido sus posiciones frente a las dictaduras de nuestro hemisferio y cuando el endurecimiento del control fronterizo en Estados Unidos ha hecho más riesgoso el cruce hacia el norte", argumentó la CDN.
"Adicionalmente este nuevo contexto migratorio está resultando en que miles de cubanos que continuaban llegando a Nicaragua hasta hoy, se vean obligados a permanecer en el país ante el peligro de seguir avanzando al norte", apuntó.
Por tanto, para ese movimiento político "no se trata de un giro ético" de Ortega y Murillo, sino "una maniobra oportunista para encubrir un negocio que ya no funciona como antes".
"Más grave aún: mientras se limita selectivamente el ingreso de cubanos, se mantiene el libre visado para ciudadanos de múltiples países, incluidos aquellos donde operan grupos terroristas o que son señalados internacionalmente como promotores del terrorismo", advirtió.
Esa organización política tildó de "irresponsable y criminal" esa política que expone al país y a la región a riesgos de seguridad inaceptables, por lo que denunció "con firmeza que el régimen sandinista ha convertido a Nicaragua en una plataforma para el tráfico de personas, en abierta violación del orden jurídico nacional, del derecho internacional y de los principios mínimos de protección a los derechos humanos".