El aplazamiento responde a una solicitud de los abogados defensores, que pidieron un plazo razonable para "analizar, revisar y, en su caso, objetar" la prueba presentada por el Ministerio Público (Fiscalía), dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Para garantizar el principio de defensa, Silva indicó que el expediente completo será digitalizado y entregado a las partes procesales el viernes.
Durante la jornada de hoy, la Fiscalía ofertó un total de 47 medios de prueba, elementos "útiles, idóneos y proporcionales" para el esclarecimiento de los hechos, precisó el portavoz judicial.
El proceso, que incluye a una decena de personas adicionales, se había reanudado este martes tras una interrupción el viernes pasado debido a defectos de forma en la presentación inicial de las evidencias.
La legisladora, perteneciente al opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), fue suspendida de su cargo de forma temporal tras presentarse voluntariamente el pasado jueves ante un juzgado de Tegucigalpa.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue drenado mediante cheques del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario que para el periodo 2023-2025 contaba con un presupuesto de unos 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Presuntamente, estos recursos financiaron la campaña de Libre en las pasadas elecciones de noviembre. En dichos comicios, su candidata, Rixi Moncada, obtuvo el tercer lugar, por detrás del ganador y actual mandatario, Nasry 'Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.
El caso trascendió en junio de 2025, tras la dimisión del entonces ministro de la Sedesol a raíz de la filtración de un video en el que conversaba con la diputada sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, y debían ser ejecutados por comunidades, patronatos, juntas de agua, alcaldías y organizaciones sociales.