El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).
El Salvador se ubica en el puesto 32, de acuerdo con el informe que señala que las "restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno".
Diversas organizaciones han rechazado la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y han señalado que "es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo".
"Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas", apunta TI en su informe.
Además, señala que "las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno".
Recientemente, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó en su informe global 2026 que el Gobierno del presidente Nayib Bukele "continuó eliminando" los controles al poder Ejecutivo y "aumentó la represión" contra defensores de derechos humanos, críticos y periodistas.
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público.
El índice asigna una puntuación a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público.