En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia "toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua".
Los cuatro beneficiarios pertenecen a un pueblo indígena y se encontrarían privados de libertad en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en las afueras de Managua, de acuerdo con la resolución de la CIDH.
Tanto el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua como la ambientalista Fundación del Río, que solicitaron las medidas cautelares a favor de los indígenas, alegaron que se tratan de guardabosques y que han sido objeto de amenazas de muerte y agresiones, estarían bajo vigilancia constante, con limitaciones para expresarse en su idioma y en condiciones inadecuadas de detención.
Lo anterior estaría generando impactos en su salud física y mental, sin recibir la atención médica adecuada y oportuna. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
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Los beneficiados son los mismos por los que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos abogó en noviembre pasado y condenó su encarcelamiento por parte de la "dictadura" que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, "por denunciar la venta y el arrendamiento ilegal de tierras".
Según esa oficina adscrita al Departamento de Estado, el único delito de los guardabosques comunitarios "ha sido informar con valentía sobre la corrupción del régimen" de Nicaragua, y prometió que "Estados Unidos exigirá responsabilidades por los abusos cometidos por los dictadores hasta que se haga justicia".
En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Los guardabosques condenados, 10 de los 24, estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de "colonos" en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la Fundación del Río, que tras ser ilegalizada por las autoridades de Nicaragua, tiene ahora su sede en San José.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.
Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.