El operativo ocurrió el pasado 19 de octubre en la ciudad de Wilder, una comunidad agrícola en el oeste de Idaho, donde se realizaban unas carreras de caballos.
Según los documentos judiciales, más de 200 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en el estadio La Catedral con camiones blindados y helicópteros, granadas aturdidoras y armas en mano, deteniendo a aproximadamente a 400 asistentes, incluidos ciudadanos estadounidenses y niños por horas.
Los agentes migratorios son acusados de empujar al suelo a las personas, a pesar de que las obedecían, y algunos fueron sacados a la fuerza de sus vehículos.
En el operativo, los oficiales también dispararon balas de goma y lanzaron granadas aturdidoras contra vehículos con personas sentadas en su interior.
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Familias que incluían menores de edad fueron atados y sometidas “a horas de trato violento y degradante”, específica la querella jurídica.
“Nuestros demandantes fueron tratados de forma inhumana porque ICE y sus colaboradores voluntarios creen que pueden ignorar los derechos fundamentales si eso les lleva a arrestos migratorios”, declaró en un comunicado Jenn Rolnick Borchetta.
La demanda de la ACLU, presentada en nombre de tres familias latinas que son ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes legales, se convierte en el primer desafío importante en el segundo gobierno de Trump a las tácticas de ICE que discriminan por etnia.
“La administración puede sugerir que este abuso está exento de consecuencias legales, pero no es así, y tenemos la intención de demostrarlo en los tribunales”, indicó Borchetta.
La querella relata el caso de Juana Rodríguez y su hijo de 3 años, ambos ciudadanos estadounidenses, que fueron detenidos por horas, con la mujer esposada y el pequeño aferrándose a uno de sus bolsillos por ese tiempo.
"Nunca olvidaré escuchar su vocecita suplicándome que le diera comida y agua durante horas. Como madre, no hay nada más desgarrador que escuchar a tu hijo llorar de miedo y que te digan que no puedes abrazarlo ni consolarlo”, indicó Rodríguez, que hace parte de la demanda.
Las carreras de caballos en Wilder se celebran desde hace mucho tiempo como parte de las celebraciones de la comunidad latina y la cultura mexicana.
Leo Morales, director ejecutivo de la ACLU de Idaho, dijo que si bien nada puede reparar lo que estas familias sufrieron, la demanda busca exigir responsabilidades y garantizar que nadie más tenga que sufrir este trato en el futuro.