El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, presentó el documento a la presidenta en funciones de la Asamblea General, la senadora Blanca Rodríguez, quien confirmó la creación inmediata de una Comisión Especial en el Senado, compuesta por 15 miembros para su tratamiento.
El órgano comenzará a sesionar el próximo martes 17 de febrero e incluirá la comparecencia de diferentes ministerios y delegaciones de los sectores productivos y laborales.
El pasado 27 de enero Lubetkin entregó al Parlamento una "versión sin pulir" del acuerdo para que los legisladores fueran analizando el contenido, a la espera de los textos certificados que debía enviar Paraguay -país que ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur- y afirmó que pretendían convertirse en el primer país en ratificar el texto.
Sin embargo, pese a ser el último socio del bloque americano en remitir el texto al Legislativo, Uruguay continúa aspirando a ser el primero en validarlo.
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El senador oficialista Daniel Caggiani señaló en este sentido que la intención es aprobar el acuerdo en ambas cámaras antes de marzo, adelantándose a los plazos que -según comentó- manejan Brasil y Argentina.
Por su parte, Rodríguez destacó la magnitud del acuerdo y declaró que ahora comienza un proceso que pretenden que sea "profundo, rápido y eficiente".
La senadora subrayó el impacto económico inmediato, ejemplificando que el sector arrocero, principal exportador del bloque a Europa, dejará de pagar los 70 millones de dólares anuales que abona actualmente en aranceles, además de abrir oportunidades para la pesca, los cítricos y la miel.
Este acto se produce el mismo día en que el Parlamento Europeo dio luz verde a las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores comunitarios en dicho acuerdo, que permitirán intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios de productos sensibles para el sector primario de la UE.
Estas salvaguardias se han tramitado en paralelo al acuerdo ya firmado y se podrán activar si la UE decide aplicar el pacto provisionalmente a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su legalidad, como le solicitó la propia Eurocámara.