La marca de lujo no verificó "adecuadamente la identidad de clientes que realizaron repetidas compras en grandes cantidades de dinero en efectivo", lo que supone una infracción de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Wwft).
La empresa ha aceptado la sanción, por lo que el caso se cierra sin juicio.
La decisión deriva de una investigación por blanqueo que afecta a tres sospechosos, entre ellos una mujer de 36 años acusada de haber gastado más de dos millones de euros en efectivo entre agosto de 2021 y febrero de 2023 en bolsos y otros artículos de lujo, un dinero que, según la Fiscalía, procedía de un "banquero del hampa" ya condenado.
De acuerdo con la acusación, la mujer enviaba los bolsos adquiridos en cajas de mudanza a China para revenderlos allí, de modo que los ingresos aparentaran proceder de actividades "comerciales legítimas", y en su vivienda encontraron precisamente cajas preparadas para el envío, así como mensajes de chat, recibos y grabaciones de cámaras de seguridad.
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"Esta práctica se conoce como comercio 'Daigou' y es una forma de trasladar dinero criminal mediante bienes de lujo", señaló la Fiscalía.
El precio de los bolsos de diseño suele situarse entre 2.500 y 3.000 euros.
La investigación también implica a una segunda mujer que habría ayudado en las compras y en la gestión administrativa, así como a un antiguo empleado de Louis Vuitton que informaba a la principal sospechosa sobre la llegada de nuevos modelos caros y la alertaba cuando se acercaba a determinados límites de gasto en efectivo.
Hasta el pasado 1 de enero la ley neerlandesa obligaba a las empresas a notificar transacciones inusuales cuando los pagos en efectivo alcanzaban o superaban los 10.000 euros, ya fuera en una sola operación o en varias vinculadas entre sí, pero ahora está prohibido aceptar pagos en efectivo de 3.000 euros o más.
La Fiscalía sostiene que Louis Vuitton no cumplió con el principio "Conoce a tu cliente", una "obligación legal" que exige a las empresas identificar y evaluar los riesgos asociados a sus clientes para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo.
El procedimiento penal contra los tres sospechosos continúa y aún no se ha fijado fecha para su comparecencia ante el tribunal, pero el caso contra la firma francesa se ha resuelto con una sanción económica dada la limitada capacidad del tribunal de Róterdam para celebrar audiencias.