Se trata de una iniciativa que estipula un aumento de la edad mínima para acceder de forma autónoma a las redes sociales de los 13 años actuales a los 16; por debajo de esa edad mínima, todos los menores necesitarían el consentimiento paterno.
El texto fue aprobado con los votos a favor del PSD, el Partido Socialista (PS), el animalista PAN y el regionalista JPP, y la abstención de los democristianos CDS-PP (socios de Gobierno), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y un diputado del PS.
En contra votaron el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal (IL).
De esta forma, la propuesta pasará a ser debatida en una comisión parlamentaria para agregarle los cambios necesarios, para después volver a pasar por el pleno de la unicameral Assembleia da República (Parlamento) para una votación final.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La iniciativa propone imponer multas de hasta 2 millones de euros a las empresas propietarias de las plataformas sociales que no cumplan la ley, mientras que si se trata de personas la sanción económica rondaría entre los 10.000 y los 250.000 euros.
En el proyecto, el PSD propone que la comprobación de la edad se realice a través de una clave digital "mediante autenticación simple o reforzada" e impulsar medidas para prevenir la adicción entre los menores de 16 años, como prohibir la reproducción automática, las notificaciones no esenciales y sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos.
Algunos de los servicios que se verían afectados serían las plataformas de redes sociales, apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y vídeos, y prestadores de servicios y contenidos adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.
Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, entre otros.
Este proyecto coincide con el anuncio de España de que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con otros gobiernos preocupados por los riesgos inherentes a las plataformas tecnológicas, entre ellos Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca.