"Rechazamos el nuevo intento de la Fiscalía de anular la absolución de los ambientalistas y reiteramos nuestra denuncia sobre la reactivación de la minería metálica", subrayó en un comunicado la comunidad salvadoreña Santa Marta, a la que pertenecen.
Según se manifestó en la nota, "obsesionada por condenarlos sin pruebas, la representación fiscal ha presentado un recurso de apelación carente de argumentos y con claros vicios, tanto de forma como fondo, por los que debe ser rechazado por la Cámara de lo Penal de San Vicente".
Los miembros de la comunidad sostienen que "el escrito de la Fiscalía ni siquiera debería ser admitido".
"Santa Marta y las organizaciones nacionales e internacionales que nos apoyan exigimos terminar cuanto antes esta persecución judicial contra los activistas ambientales para que recuperen plenamente su libertad y retomen con total seguridad sus actividades de defensa del agua, el medioambiente y la vida del país", urgió la comunidad en la misiva.
La Fiscalía General señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989.
Sin embargo, el Juzgado de Sentencia de San Vicente, formado por tres jueces, absolvió el 24 de septiembre de 2025 a los cinco líderes comunitarios (Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas) y a otras tres personas acusadas por el asesinato.
La Corte que los juzgó ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y objetos incautados en el proceso.