El juez Juan Carlos Peinado propuso el pasado mes de septiembre que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, fuera juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno español, decisión que recurrió la afectada.
En una decisión conocida este lunes, la Audiencia de Madrid, órgano judicial encargado de estudiar los recursos contra los autos del juez Peinado, ordenó al juez dar marcha atrás y retrotraer las actuaciones de la causa contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés al momento previo a la transformación del procedimiento en uno de jurado.
La Audiencia madrileña vuelve a mostrarse muy crítica con el juez, y considera que no es asumible "una decisión trascendental" como la de adaptar la causa a los trámites del jurado "sin precisar a los investigados qué concretas conductas" son las que justifican dicha decisión y "cuál es la base incriminatoria, indiciaria y provisional" que da solidez a la hipótesis acusatoria.
Los magistrados estiman parcialmente los recursos interpuestos por los tres investigados al entender que los autos de Peinado, por su falta de motivación y de un relato que comprenda indicios verosímiles, vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
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En su auto de 2025, el juez Peinado afirmaba que existían "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" para dar este paso, y detallaba que el delito de malversación de caudales públicos compete a un jurado popular, según la ley española.
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
La investigación por un presunto caso de malversación es una pieza separada del caso principal sobre Begoña Gómez, abierto por el juez Peinado en abril de 2024, que aborda la investigación de presuntos delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios.