Ella y otros familiares de fallecidos en el periodo de la sangrienta campaña antidrogas cuentan a EFE cómo afrontan el proceso de la Corte Penal Internacional (CPI), que comenzó este lunes una semana de audiencias en las que la Fiscalía busca confirmar tres cargos de lesa humanidad contra el exdirigente por esa operación.
Si bien Duterte no estará presente en la sala, pues la CPI ha autorizado que no comparezca presencialmente tras alegar problemas de salud, su ausencia no borra las pruebas que se examinan en Países Bajos, después de los asesinatos extrajudiciales de unas 6.000 personas, según las autoridades filipinas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.
Cuando la televisión retransmitió la detención de Duterte el 11 de marzo de 2025 en el aeropuerto de Manila, Pasco reafirmó su idea de que "el único camino y la única esperanza posible es la Justicia", dice a EFE por videollamada, ya desde La Haya, donde hoy acudió al tribunal.
En 2016, la mayoría de los barangays filipinos (la división administrativa más pequeña del país) implementaron un programa nacional en el que se registraba a supuestos involucrados en drogas, ya fuesen traficantes o consumidores.
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Dos hijos de Pasco, Crisanto y Juan Carlos, aparecieron en aquellas listas, y, tras seguir el procedimiento recomendado por las autoridades, se presentaron voluntariamente “para limpiar sus nombres,” recuerda su madre. La familia entendió entonces que no correrían ya ningún peligro.
Pero la última vez que la mujer vio a sus hijos con vida fue el 12 de marzo de 2017, cuando salieron de casa para ir a trabajar. Sus cuerpos fueron encontrados días después en Ciudad Quezon (Manila), acribillados a balazos. Su madre supo del asesinato por las noticias, que informaban de que habían muerto en un operativo policial.
Al trauma le siguieron años "en los que parecía imposible que se hiciera justicia", relata Pasco. Por primera vez desde entonces, ha dejado atrás Filipinas, su trabajo y a los nietos -descendientes de sus hijos fallecidos Y a los que cuida desde 2017- para viajar a La Haya con la esperanza de que se depuren responsabilidades.
"A veces nos dicen que Duterte no disparó contra nuestros hijos", explica. "Pero sin su política, seguirían vivos. Porque fue él quien dio las órdenes y mandó a la policía matar", añade.
Junto a Pasco han viajado hasta la Haya otras cuatro familias, entre ellas la de Sheera Escudero, hermana de Ephraim, que tenía 18 años cuando murió. "Mis padres dicen que la confirmación de los cargos de la CPI es una respuesta a nuestros rezos", asegura a EFE.
Ephraim desapareció en San Pedro, en la provincia de Laguna, el 19 de septiembre de 2017. Sheera supo de su muerte cinco días después, gracias "a un pequeño recorte de un periódico local que informaba del hallazgo de dos cadáveres en diferentes lugares de Pampanga", a más de 100 kilómetros de su casa.
El cuerpo sin vida de Ephrain, al igual que el del otro fallecido, lo encontraron "con la cabeza envuelta con cinta adhesiva, lleno de heridas de bala y con las manos y las piernas atadas", recuerda Sheera.
Ya en comisaría la policía les dijo que la pérdida de su hermano "era un daño colateral (de la guerra contra las drogas)". "Pero para nosotros no lo es, no se puede reducir los nombres de las víctimas a algo así, porque dejaron atrás unas vidas que eran tan valiosas como las de cualquier otra persona".
Para ella, "es muy emocionante que las familias" hayan llegado tan lejos, porque, según describe, "es el resultado de casi una década de esfuerzo" que le recuerda que tienen "derecho a la justicia".
Desde Filipinas, miles de víctimas siguen el avance del proceso. Es el caso de Jane Lee, que perdió a su marido Michael hace nueve años.
Según detalla a EFE la viuda, el nombre de Michael nunca apareció en las listas de los barangays. Sin embargo, el 20 de marzo de 2017, mientras esperaba el transporte público para volver a casa, dos policías que viajaban en moto le dispararon a quemarropa.
"Nunca consumió ni vendió drogas, por eso me duele tanto que le hayan asesinado sin haber sido siquiera un sospechoso", cuenta.
Para ella, el juicio "es volver a reabrir la herida, pero también la única forma de curar". "Es volver a explicarle a mis hijos por qué mataron a su padre, que nunca va a volver, pero también decirles que podemos recuperar la dignidad y restaurar nuestro honor".