Fuentes del Ejecutivo señalaron que, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la desclasificación, se procederá a la digitalización para ser difundidos públicamente mañana.
Las mismas fuentes aseguraron que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento del contenido de los documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional.
Dan por seguro que habrá papeles en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y señalan que, previsiblemente, no habrá audios de grabaciones, sino transcripciones de las mismas.
Entre los documentos que podrán consultarse, aclararon, no figura el sumario del juicio de los procesados por la rebelión militar, pues no está clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo, y es accesible en los términos fijados por el poder judicial.
El Gobierno también explicó que había informado a la casa real de la decisión de desclasificar esos documentos antes de que Sánchez lo anunciara el lunes.
La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, indicó hoy que se trata de toda la documentación sobre la asonada militar que estaba clasificada y que el Ejecutivo "ha encontrado hasta el momento", procedente de varios órganos e instituciones, y de lo que hay "constancia", sin comentar nada sobre la posibilidad de que haya documentos destruidos.
Los documentos en cuestión incluyen transcripciones de conversaciones grabadas, comentó Saiz en rueda de prensa, sin precisar detalles sobre quiénes son los interlocutores. No concretó mucho más, sin descartar que haya "alguna imagen", además de informes.
De hecho, aseguró que no ha visto la documentación, al ser preguntada si el contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el rey Juan Carlos como artífice del fracaso del golpe de Estado.
Su difusión ya "no supone un riesgo real y presente", argumentó la ministra portavoz, después de que Sánchez dijera el lunes que "la memoria no puede estar bajo llave".
Aquel 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de esa policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.
Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".
Esos documentos podrían ayudar a aclarar algunas preguntas que han rondado todo este tiempo sobre el intento golpista, cuestiones como si fueron juzgados todos los que estuvieron realmente implicados en la conspiración, quién pudiera tener conocimiento previo aunque no participación directa, y el papel de los servicios de inteligencia y del monarca.