Los organizadores de la iniciativa sostienen en un comunicado que "frente a medidas paliativas, discretas u opacas, solo la amnistía, en su dimensión técnica y política, responde a la magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa la isla".
"La amnistía no es un favor del poder; es la rectificación obligatoria de una injusticia sistémica", recalca la plataforma, integrada por 34 organizaciones miembros del opositor Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), familiares de presos políticos, expresos políticos y disidentes.
Entre las organizaciones que se han adherido figuran Arco Progresista, liderada por Manuel Cuesta Morúa, D'Frente, el opositor histórico Félix Navarro, la activista Carolina Barrero, las académicas disidentes Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, y familiares de las presas políticas Sissi Abascal y Saylí Navarro, entre otros.
Los promotores del foro señalan que su exigencia no es únicamente la excarcelación de los presos políticos, sino "la plena rehabilitación política y moral de cada prisionero: borrar los antecedentes penales y restituir los derechos civiles y políticos".
Asimismo indican que la plataforma surge como "un imperativo ético y cívico" para exigir al Estado cubano la promulgación de una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso que "ponga fin, de manera inmediata y definitiva, a la reclusión de los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales".
"Rechazamos soluciones a medias, licencias extrapenales condicionadas o destierros disfrazados de libertad", afirma y convoca "a la sociedad civil cubana, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad democrática global a cerrar filas en torno a esta exigencia".
Asimismo subraya que la amnistía debe certificar que los encausados "fueron víctimas de procesos que vulneraron sistemáticamente las garantías del debido proceso y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
También exigen que "el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación, asamblea, asociación y participación política jamás podrá volver a ser constitutivo de delito".
El Foro recalca que el Estado "tiene la obligación de garantizar estos derechos con plenitud, erradicando para siempre la criminalización de las libertades civiles y políticas" y que "se efectuarán las debidas reparaciones y se ofrecerán garantías de no repetición".