Su madre, Marinete da Silva, afirmó que la familia sale del Supremo con "la cabeza erguida" porque consiguieron "justicia digna".
"Es un alivio, porque la pregunta que hacía eco en el mundo era '¿quién mandó a matar a Marielle?'. Y hoy estamos viendo que obtuvimos una justicia digna, salimos con la cabeza erguida, por haber sido perseverantes", expresó en declaraciones a medios.
Al salir de la sede judicial, Silva dijo que se trata de "un día histórico" y que la familia siente el alivio del "deber cumplido".
"Creo que nada fue en vano. Hoy salimos de aquí con el corazón reconfortado", añadió.
Acompañando a sus padres, Anielle Franco, hermana de la activista y actual ministra de Igualdad Racial, denunció que la estructura que permitió el asesinato de su hermana aún persiste en ciertos sectores y que la resolución de este caso debe marcar un precedente definitivo en la política y la sociedad brasileña.
"Llegué pocos minutos después del asesinato al lugar del crimen. Allí mismo juré que iba a honrar la sangre de mi hermana, y eso es lo que estamos haciendo", recordó.
Mônica Benício, viuda de la concejala, afirmó que el asesinato fue "un mensaje político" basado en la creencia de que el cuerpo de Marielle, "una mujer negra, de la favela y socialista", era "descartable".
"Fueron casi ocho años intentando entender por qué mi esposa me envió un mensaje diciendo que estaba llegando a casa y media hora después nuestras vidas cambiaron completamente", recordó.
En tanto, celebró que el Supremo rompiera con un ciclo de "punitivismo selectivo", en el que históricamente la justicia llega rápido para condenar por "color, pobreza o género", pero tarda en alcanzar a las estructuras de poder.
"Este es un mensaje para aquellos que, en la certeza de la impunidad, creían que la justicia jamás les alcanzaría", añadió.
Este miércoles, en la segunda jornada del juicio, la Primera Sala de la Corte Suprema brasileña, conformada por cuatro jueces, condenó a los acusados de ordenar, planificar y encubrir el asesinato de la concejala, que causó gran conmoción internacional.
Las dos condenas más altas, a 76 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, fueron impuestas a João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, como "mandantes" del crimen "bárbaro" que acabó con la vida de la edil, en marzo de 2018.
Los cuatro magistrados de la sala dieron por probado que ambos políticos lideraron una organización criminal armada dedicada a negocios inmobiliarios ilegales en barrios humildes de la zona oeste de Río de Janeiro, y que decidieron sentenciar a muerte a Franco por su "combativa" actuación política contra esas prácticas ilícitas.
La sentencia, sin embargo, aún no es firme, ya que aún cabe recurso ante el mismo tribunal.