Los estados argumentan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han puesto en riesgo la vida de los niños al dejar de recomendar siete vacunas infantiles, entre las que se cuentan la inmunización contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el virus respiratorio sincitial.
La coalición de estados demócratas solicita al tribunal que declare ilegal y deje sin efecto el nuevo calendario de vacunación y los nuevos nombramientos del ACIP.
En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que la Administración Trump está violando la ley federal e impulsando un programa de vacunación infantil “imprudente y sin fundamento científico que pone en riesgo la vida de los niños”.
El HHS ha justificado su plan usando como referencia el sistema de Dinamarca, que cuenta con un calendario con menos vacunas.
"Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza en la salud pública", afirmó Kennedy Jr., al anunciar las nuevas recomendaciones.
La explicación del secretario choca con la postura de médicos y expertos sanitarios que creen que, sin un debate público ni una revisión transparente de los datos, la medida pone en riesgo a los niños.
Los estados también han advertido en la demanda que las recomendaciones federales obligarán a los gobiernos estatales a invertir más fondos para prevenir brotes.
La demanda alega que los investigadores han estimado que la vacunación infantil rutinaria entre, los niños nacidos en EE.UU. entre 1994 y 2023, previno aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes, generando un ahorro social de 2,7 billones de dólares, según datos citados en la querella legal.